Desde que Ricardo Jaramillo Galindo asumió la administración (primero como suplente en 2022 y luego como titular electo), el Concejo Municipal ha mantenido una pugna constante por la rendición de cuentas. La oposición acérrima a una auditoría externa ha generado mantos de duda sobre la probidad administrativa.
Actores Clave: La concejala Carmen Phillips ha liderado las solicitudes, exigiendo auditorías externas además de fiscalizar la gestión de recursos humanos y contrataciones.
Puntos de Conflicto: Otros ediles, como Mario Pérez y Germán Ortiz, se han sumado al requerir informes sobre el estado financiero y el seguimiento de pasivos.
Estado Actual: A pesar de las reiteradas solicitudes en actas oficiales (2023-2025), la falta de ejecución de estas auditorías sugiere una resistencia institucional a transparentar el cierre de gestiones anteriores y la transición al actual periodo.
El proyecto de remodelación de la Avenida O’Higgins representa el caso más grave de indeterminación administrativa en la comuna, escalando a la Contraloría General de la República (CGR) y al Gobierno Regional (GORE).
Contradicción de Informes: Existe un quiebre interno entre SECPLAN, que ha validado administrativamente los avances para liberar pagos, y la unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (MAO), que rechaza los trabajos por incumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EETT), especialmente en el fallido traslado de palmeras y el manejo de residuos.
Irregularidades Financieras: La CGR y el GORE han detectado pagos improcedentes por obras no ejecutadas o deficientes. Se destaca el cobro de sobreprecios en el ítem de escombros y material de demolición sin trazabilidad clara hacia botaderos autorizados.
Situación de la Obra: Con un retraso superior a 180 días, la obra no posee recepción definitiva. El municipio se enfrenta a un dilema legal: aceptar una obra con deficiencias (validando informes cuestionados por CGR) o demandar a la constructora para cobrar las boletas de garantía por incumplimiento y daño patrimonial.
La administración se encuentra bajo un asedio normativo. La falta de una auditoría integral, sumada a la fallida Inspección Técnica de Obra (ITO) en la Avenida O’Higgins, faculta la apertura de juicios de cuentas contra los funcionarios responsables. La presión de organizaciones civiles (como ONG MADRE) mediante solicitudes de transparencia (SAI) asegura que el conflicto se mantenga en la esfera pública y de control externo.
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